Rechazan acuerdo de Pdvsa que permitía vender refinería Hovensa

diciembre 22, 2014 12:06 pmPublicado en: Destacados, Nacionales

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El parlamento de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos rechazó el viernes un acuerdo que permitiría la venta y reapertura de la refinería Hovensa, propiedad de la estadounidense Hess y de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Los dueños de la refinería en la isla de Saint Croix, que tiene capacidad para procesar 350.000 barriles por día, habían contratado a la banca de inversión Lazard para venderla.

Hovensa anunció el cierre definitivo de la refinería tras conocer la decisión del parlamento de las Islas Vírgenes de rechazar el acuerdo con la empresa Atlantic Basin Refinery, conocida como ABR por sus siglas en inglés.

“Esto significa que la venta de Hovensa no puede avanzar”, dijo el vocero de Hovensa, Alex Moorhead, en respuesta a una solicitud de información de Reuters.

La Asamblea Legislativa optó por rechazar el acuerdo de funcionamiento de la refinería entre ABR y el Gobierno de las Islas Vírgenes, tras considerar que las autoridades no tendrían como reclamar en caso de que el comprador incumpliera el contrato.

“Hovensa procederá con el cierre de sus operaciones como se había anunciado”, informó Moorhead.

Si bien la refinería cerró en 2012, la instalación sigue siendo usada como terminal para suministrar combustible a la isla, entre otras operaciones.

Sin un nuevo acuerdo, Hovensa dijo que seguirá adelante con su decisión previamente anunciada de cerrar completamente toda la instalación y dejar de vender gasolina y diesel a la isla en febrero.

En septiembre, sólo ABR, un consorcio que se formó específicamente para adquirir la planta, inició el proceso para comprarla.

Pero el acuerdo fue rechazado por 13 de los 15 parlamentarios de Islas Vírgenes luego que sus asesores legales manifestaron su preocupación por la venta que inicialmente había respaldado el fiscal general de las Islas Vírgenes.

El acuerdo establecía que ABR debía reconstruir y reiniciar la refinería, emplear personal local y pagar al Gobierno más de 1.600 millones de dólares durante la extensión del contrato de 22 años. Reuters