Oficialismo violó nuevamente la Constitución para garantizar poderes públicos a su medida

diciembre 23, 2014 8:55 amPublicado en: Destacados, Nacionales

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Foto AVN

La fracción parlamentaria del PSUV, encabezada por Diosdado Cabello, impuso su mayoría para seleccionar a sus candidatos como titulares de los principales organismos encargados de hacer cumplir las leyes y garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos en nuestro país: la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, publica Correo del Caroní.

La decisión del partido de gobierno ha sido respaldada por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desconocido hasta este lunes cuando fue leído por Cabello, en el que interpreta a favor del Ejecutivo y a espaldas del pueblo el artículo 279 de la Constitución, el cual establece que la designación del Poder Ciudadano pasa por la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.

Por tanto, la escogencia de Luisa Ortega Díaz para seguir al frente de la Fiscalía, así como la de Tarek William Saab (defensor del Pueblo) y Manuel Galindo Ballesteros (contralor), entra en clara contradicción con el principio de la independencia de los poderes consagrada en la Carta Magna de 1999.

La arbitrariedad para “renovar” el Poder Ciudadano es la respuesta que da el oficialismo a un país altamente polarizado y que aspira a resolver sus diferencias en paz y con estricto apego a las leyes.

A la 1:10 de la tarde, con tres horas y 10 minutos de retraso, como especificó el diputado Américo De Grazia (La Causa R-Bolívar), comenzó este lunes, en la Asamblea Nacional, la sesión en la cual se iban a escoger a los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (31 candidatos), de la Defensoría del Pueblo (43), de la Contraloría General de la República (22), de la Fiscalía General de la República (3) y del Tribunal Supremo de Justicia (184).

La institucionalidad, se supone, en pleno. O lo que debía ser eso, pues ya un retraso de tres horas indicaba que había cuerdas desafinadas, una falla en los motores: que esa pretendida institucionalidad, a fin de cuentas, voló a la sesión con un plomo en el ala.

Comenzó, entonces, el debate. Dimes, diretes y los rigores polarizados consuetudinarios. Pero no pudo hacer mucho la oposición: institucionalidad debía ser la palabra imperante. Pero imperó otra: PSUV. ¿Cómo? Con lo que logró el oficialismo: la designación de Luisa Ortega Díaz, Tarek William Saab, y Manuel Galindo como fiscal general de la República, defensor del Pueblo y contralor general, respectivamente.
Poderes enrojecidos

Basta revisar sus fichas. Tarek William Saab, por ejemplo, se erigió en las postrimerías de Yare como impulsor del ascenso de Hugo Chávez. Luego fue electo como constituyente identificado con el oficialismo y, con el mismo añadido, como gobernador de Anzoátegui en 2004 y en 2008.

Manuel Galindo Ballesteros, nuevo contralor general, presenta como credenciales su paso por la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional, como substituto de Cilia Flores en la Procuraduría General de la República y como exdirector de Talento Humano de Corpoelec. Vociferaciones palaciegas resaltan su afinidad con la pareja presidencial, lo que determinó su favoritismo en la lista que, para ese cargo, presentó el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Con Luisa Ortega Díaz la historia no difiere mucho: cercana del fallecido Hugo Chávez, prestó servicios como consultora jurídica de Venezolana de Televisión hasta que en 2002 ingresó en el Ministerio Público. El 13 de diciembre de 2007 (con el control absoluto del oficialismo en la Asamblea Nacional) fue designada fiscal general de la República. Se recalca: los tres nombres encabezaron las listas del Partido Socialista Unido de Venezuela en la sesión de este lunes.

Asuntos pendientes

El pecado original de la juramentación de este lunes radicó en el hecho de que otra debía ser la modalidad de escogencia: el Consejo Moral Republicano que, justamente, preside la misma Luisa Ortega Díaz.

¿Qué dijo Ortega Díaz? A finales de noviembre alegó que no hubo consenso para la designación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Sin embargo, la Constitución, en el artículo 279, establece que el consejo está obligado a designar al comité.

La historia es conocida: no fue así. Y hubo, por tanto, una violación a la Constitución, que prevé que debe ser el Consejo Moral Republicano el que convoque al Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. ¿A quién le correspondía? A Luisa Ortega Díaz, que fue ratificada como titular del Ministerio Público.

La AN tendrá incidencia en el proceso de la lista de nombres que debió emitir el Comité de Evaluación. El Parlamento escogerá, pues, en un lapso no mayor de 30 días continuos y con dos terceras partes, al titular del Poder Ciudadano. Si ello no ocurre, el CNE procederá a la consulta pública de la terna.

El artículo 279 estipula que si el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano no fue convocado, “la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente”.

Ocurrió, entonces, que todo quedó en manos de la Asamblea Nacional: en la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, luego de una interpretación exprés del 279 por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que le otorgó al Parlamento la potestad de designar al Poder Ciudadano con la mayoría simple, es decir, la mitad más uno, pues, el último apartado deja el vacío sobre el mínimo de votos requerido de los diputados. Así ocurrió.