Absolutismo chavista

diciembre 28, 2014 7:00 amPublicado en: Destacados, Nacionales

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(Foto Reuters)

El chavismo ha programado el cierre del año político con una sesión parlamentaria a la que ha bautizado como La Matadora. Una pintoresca forma de resumir la embestida de la apisonadora revolucionaria, publica El Mundo de España.

DANIEL LOZANO Especial para EL MUNDO

Los últimos días de diciembre pasarán a la Historia particular del oficialismo tras varias malabarismos políticos y judiciales que han retorcido, incluso violado, la Constitución bolivariana. Objetivo: nombrar a su antojo a los llamados poderes ciudadanos (Defensor del Pueblo, Contralor de la República y Fiscalía General) y atornillar aún más su hegemonía sobre el Tribunal Supremo (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Todo ello cuando las elecciones parlamentarias de 2015 se vislumbran como fundamentales para la continuidad del proceso iniciado por Hugo Chávez en 1998. El artículo 279 de la Carta Magna dicta que la Asamblea escogerá a los representantes del Poder Ciudadano “mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes”. Una mayoría cualificada de 110 diputados, alejada de los 99 oficialistas actuales, que nunca ha supuesto un obstáculo para el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.

El líder militar del chavismo sacó de dentro de su chistera política la respuesta exprés del TSJ a su demanda de interpretación a dicho artículo. El órgano judicial, que en 10 años no ha dictaminado ni una sola vez en contra de la revolución, formalizó su petición, concediendo los nombramientos por mayoría simple. Mecanismos similares a los ya empleados para destituir a la diputada María Corina Machado o para juramentar a Hugo Chávez, cuando éste se encontraba en La Habana al borde de la muerte.

Luisa Ortega (“extraordinaria abogada, extraordinario ser humano, extraordinaria patriota”, según la definió Nicolás Maduro) fue ratificada al frente de la Fiscalía General. La respuesta de las organizaciones de derechos humanos no se hizo esperar. “Más de 5.800 personas han sido detenidas desde 2005 por ejercer su derecho a manifestarse, la mayoría durante la gestión de Ortega”, recordó Provea. “El 90% de los delitos permanece impune, mientras la administración de justicia derrocha eficiencia cuando de persecución política se trata”, señaló Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD.

El cargo de contralor de la República fue para Manuel Galindo, “un hombre incorruptible”, según el “hijo de Chávez”. Muy cercano a Cilia Flores, mujer de Maduro, Galindo había ejercido hasta el domingo como abogado del estado. O sea, de defensor del gobierno revolucionario al que ahora tiene que controlar, un salto vertiginoso. “Pusieron como ‘contralor’ al compadre”, acusó el gobernador opositor Henrique Capriles, que no se ahorró epítetos: “Los diputados del PSUV limpiaron el piso con la Constitución, valiéndose de una sentencia en tiempo récord. Ellos se pagan y se dan el vuelto”.

El nuevo Defensor del Pueblo es el muy conocido en las filas revolucionarias Tareck William Saab, exgobernador de Anzoátegui, y “extraordinario venezolano, de gran moral, de gran ética y honestidad”, resumió Maduro pese a que su reelección en la gobernación fue desechada por el oficialismo. “El neosocialismo salvaje del siglo XXI es tan feroz que incluso privatiza al poder ciudadano”, ironizó el escritor Alberto Barrera.

En espera de La Matadora (prevista para mañana) que impondrá a los candidatos revolucionarios en el Supremo, se llevó a cabo ayer otro pleno lleno de sorpresas. La primera vino provocada por un cambio de guión de última hora: la exministra de Comunicación Delcy Rodríguez, candidata para el más alto tribunal, se convirtió por arte de magia en canciller, sustituyendo al otrora zar económico Rafael Ramírez.

En cuanto al CNE, y al no existir acuerdo, Cabello desvió la decisión al propio TSJ, para que ratifique sus propuestas. Unos nombramientos que serían provisionales y que debería ratificar la nueva Asamblea salida de las urnas. “El Gobierno sigue controlando las instituciones y el monopolio de las armas. Lo que no tiene ahora es la mayoría de los votos”, recordó Luis Vicente León, presidente de Datanalisis.