Son siete los tuiteros que han sido detenidos por opinar

noviembre 1, 2014 6:30 amPublicado en: Destacados, Nacionales

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Aumenta la cifra. Con la detención de María Magaly Contreras, de 55 años de edad, se eleva a siete el número de usuarios de Twitter que enfrentan un proceso judicial por “opiniones inadecuadas” publicadas en la red social. A través de la cuenta @marletmaga, la ama de casa zuliana compartía con sus más de tres mil seguidores sus “predicciones”, pues se autodenomina “vidente”, reseña La Verdad.

Trascendió que Contreras recibió una llamada telefónica en la que un supuesto funcionario del organismo de intelgencia del Estado le notificó que el mayor de sus dos hijos se encontraba detenido. Al llegar a la sede del Sebin, ubicada al norte de la ciudad de Maracaibo, la dama fue retenida.

Instigación e intimidación pública fueron los dos delitos imputados a la ama de casa zuliana, detenida el pasado lunes por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Como si se tratase de una especie de “patrón” a seguir, a la dama le dictaron privativa de libertad, además de su reclusión en la sede del Sebin en el Helicoide, tal como sucedió con los otros tuiteros detenidos. Su traslado se efectuó la mañana de ayer.

Lisseth Mogollón, abogada defensora de la madre de familia, catalogó el proceso como “una violación a los principios básicos de la libertad de expresión”.

Rechazó además que la detención por parte del Sebin haya sido el resultado de denuncias de un grupo de usuarios de la red social.

“La activación de los órganos de seguridad del Estado por medio de señalamientos públicos y anónimos nos da la idea de un manejo tergiversado de la información, lo que a su vez conlleva a un procedimiento judicial carente de todo fundamento, y la posible recriminación contra ciudadanos de manera injustificada”.

Infundir temor

A juicio de Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal Venezolano (FPV), la “ola de detenciones” a tuiteros en el país es una medida que busca infundir temor en los usuarios de la red social que opinan públicamente en contra del actual Gobierno.

El defensor de los derechos humanos explica que de existir alguna falta por parte de los imputados, los delitos señalados no corresponden a una privativa de libertad.

“Pareciera que lo que busca el Gobierno es atemorizar a la población en cuanto a los mensajes que emiten, por ser hacer referencia a una determinada tendencia política (…). Están utilizando el sistema de justicia para perseguir políticamente a un sector opuesto al actual Gobierno”.