Faltan pocos días para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela y la tensión política va en aumento. El miércoles en la noche fue asesinado a tiros, durante un acto de campaña, Luis Manuel Díaz, secretario local del partido de oposición, Acción Democrática, en el estado Guárico. En la tarima también se encontraba Lilian Tintori, esposa del líder político preso Leopoldo López, y otros candidatos a la Asamblea Nacional.
Díaz era un sindicalista vinculado al negocio de la construcción que había militado en el chavismo hasta hace cinco años, cuando se cambió de bando, según Henry Ramos Allup, secretario general de AD, quien difundió la noticia de su muerte. Ramos señaló a militantes del partido de gobierno de haber apretado el gatillo: “Yo recibí información directa de la gente que estaba en el sitio”, dijo.
Distintos voceros del gobierno lamentaron el hecho, pero rápidamente cuestionaron que se tratara de un homicidio con motivaciones políticas. “Ordené investigar a fondo la muerte del secretario general de AD. Ya basta que esta derecha trate de enlodar al pueblo chavista, trabajador”, dijo el presidente Nicolás Maduro. El jefe del comando del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alcalde Jorge Rodríguez, fue más lejos y aseguró que Díaz tenía vínculos con bandas delicuenciales, que incluso tenía una investigación pendiente en la justicia, y que su asesinato parecía un ajuste de cuentas. Le advirtió a Ramos Allup que sería denunciado por hacer acusaciones temerarias sin pruebas.
Más allá de cuál haya sido la motivación real del asesinato de Díaz, su muerte se produjo en un acto de campaña y el efecto inmediato fue que aterrorizó a los que estaban presentes, incluída Tintori, quien denunció que durante su recorrido por Guárico ese día también había sido asediada por simpatizantes oficialistas que intentaron bloquear su caravana. Señaló al gobierno de haber intentado asesinarla, insinuando que agentes de seguridad habrían manipulado una de las avionetas en las que viajaba su equipo, que se incendió tras aterrizar en Altagracia. “El doble atentado que vivimos representa el Estado terrorista. Responsabilizo a Nicolas Maduro”, dijo.
Lo grave es que los hechos ocurridos en Guárico no son aislados. Otros líderes y candidatos de la oposición también han tenido que enfrentar agresiones físicas, amenazas, destrucción de publicidad y daños a puestos o sedes de campaña. El mismo miércoles, en el estado Bolívar, turbas oficialistas agredieron a los opositores que esperaban la visita del excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, quien, al igual que Tintori, ha decidido emprender una gira por el país para apoyar a aspirantes de varias circunscripciones.
El domingo pasado, Miguel Pizarro, uno de los diputados del partido de Capriles, Primero Justicia, también tuvo que suspender su recorrido por el popular barrio de Petare en Caracas. Hombres armados, vestidos de rojo con camisetas del PSUV, interrumpieron su caravana y echaron tiros al aire para impedirles el paso. Pizarro acusó a su contendor, el diputado William Ojeda, de haber ordenado el ataque y este lo retó a que presentara pruebas ante la justicia.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión el mismo miércoles, mientras se conocía la noticia del asesinato de Díaz, que las denuncias de violencia de la oposición eran un montaje. “Ahora la nueva moda es: ‘grupos armados del chavismo atacaron a no sé quién’. Esa nos la sabemos ya. El 6-D van a salir grupos armados, pero de amor, y vamos a salir a ganar, porque aquí tiene que ganar la alegría”.
Los hechos de violencia y las acusaciones de que uno y otro bando están jugando en ese peligroso terreno testimonian que esta elección es un punto de quiebre en la disputa que han librado desde hace más de una década el chavismo y la oposición. Independientemente de quienes ocupen las 167 curules de la Asamblea Nacional, los resultados van a reflejar qué tan profundo es el desencanto en el chavismo y cuán fuerte es la resistencia al modelo político que insiste en imponer la revolución bolivariana socialista del siglo XXI.
“Sea como sea, ganamos la asamblea”, dijo en días pasados el presidente Nicolás Maduro y la frase ya se ha convertido en eslogan de campaña. Los opositores han interpretado la expresión como una amenaza de que el chavismo no va a aceptar una derrota en las urnas. El presidente y los ministros, en compañía de algunos candidatos, han entregado taxis, tabletas para estudiantes, materiales de construcción, inaugurado obras públicas y han abierto una convocatoria para inscribir adultos mayores en el sistema de pensiones. Luego advierten, en vivo, y con cuñas publicitarias “de pesadilla”, que el pueblo perdería todo lo que la revolución le ha dado si los opositores se convierten en la mayoría de la Asamblea.
También sienten el “como sea” empleados públicos cuyos jefes les han dado instrucciones de tomarle una foto a su voto el día de elecciones y participar en la movilización de otros votantes. Millones de personas dependen del Estado para sobrevivir, y en medio de la crisis económica que vive el país, la amenaza de perder el trabajo puede resultar muy efectiva.
Pero la crisis también es un gran motivador. “La desesperanza y la angustia, el no tener con qué comprar, ha sido la mejor campaña”, dice una opositora en un sector chavista de la capital. Pesan mucho los fajos de bolívares que hay que llevar entre el bolsillo para comprar cualquier cosa. Los expertos pronostican que la inflación podría llegar al 200 por ciento para fin de año y que el país está ad portas de una hiperinflación. Además de los altos precios, los venezolanos gastan mucho tiempo haciendo filas para comprar alimentos, medicinas y otros productos básicos que siguen escaseando. “Para mi, ya el deterioro se puede catalogar como penuria”, dice la economista Tamara Herrera.
Además de sentirse cada vez más pobres, los venezolanos se sienten presos en sus casas. Evitan salir para no ser víctimas de la delincuencia. Así, la Venezuela “chévere” de los anuncios publicitarios se ha transformado hoy en una nación de descontentos, como indican los estudios de opinión. El 80 por ciento siente que el país va por mal camino y la sensación de que todo es susceptible de empeorar el año entrante, debido a la falta de medidas y acciones del gobierno, podrían traducirse en un voto castigo.
Todo eso ha llevado a que por primera vez en 16 años la alternativa al chavismo cuente con una intención de voto tan favorable. Todas las encuestas coinciden en que tendría una ventaja de entre 15 y 35 puntos frente al oficialismo. Jesús ‘Chúo’ Torrealba, vocero la Mesa de Unidad, que agrupa a los partidos de oposición, confía en que ganarán la mayoría en la Asamblea y se va a desatar un “terremoto político” en Venezuela.
Más de la mitad del país espera que ese sacudón termine por tumbar a Maduro de la Presidencia antes de que finalice su mandato en 2019. La opción de recoger firmas para pedir la revocatoria del mandato está en la agenda de ciertos sectores opositores, que esperan con estas elecciones medir el nivel de participación popular que tendría esa iniciativa. Otras opciones que contemplan incluyen prohibir la reelección o acortar el periodo presidencial. Y uno de los principales incentivos es proponer una amnisitía para los presos políticos.
Pero quizás el objetivo clave y más realista a corto plazo es recuperar el balance de poderes, hoy concentrados en el oficialismo. La Asamblea designa las cabezas de dos instituciones claves para el futuro: el Consejo Nacional Electoral y, sobre todo, el Tribunal Supremo de Justicia. La oposición necesitaría tener todos los escaños posibles para enfrentarse al poder judicial, en donde varios diputados y líderes opositores tienen procesos abiertos. La Sala Constitucional del TSJ puede, además, bloquear las iniciativas que salgan de la Asamblea.
Por eso en los próximos meses, si la oposición obtiene mayoría en la Asamblea, solo se espera que la confrontación política se agudice aún más, con consecuencias impredecibles. De ahí que surjan dudas también sobre la forma como la oposición va a maniobrar y a administrar un posible triunfo. “¿La oposición va a actuar igual al chavismo?”, cuestionó la analista y psicóloga Colette Capriles, en un panel de pensadores convocado por el foro virtual Prodavinci. Mencionó las palabras, “negociación”, “diálogo”, “cohabitación”, ante un auditorio ansioso, que caía en cuenta que una victoria opositora quizás no contribuya a mejorar los problemas del país, sino que, al contrario, puede perpetuar la pelea destructiva del ‘quítate tú pa’ ponerme yo’. Una perspectiva oscura cuando se tiene en cuenta que el gobierno está dispuesto a ‘lo que sea’ para quedarse.
Si se considera todo lo que está en juego, la elección del próximo domingo va mucho más allá de la renovación de los miembros del Poder Legislativo. En medio de la polarización, la crisis económica y la ventaja de la oposición en las encuestas, el pulso electoral tiene connotaciones de plebiscito. Es decir, de un apoyo o rechazo al régimen y a su cabeza, Nicolás Maduro. Los discursos sobre ideas y programas en las dos esquinas del espectro han pasado inadvertidos frente a actitudes radicalizadas que tienen su origen en la defensa o la crítica al gobierno. El propio presidente ha contribuído a que así sea, pues ha centralizado la campaña oficialista y le ha quitado protagonismo a los candidatos que lo siguen en todo el país. Aunque, formalmente, la permanencia en el poder de Nicolás Maduro no está en juego, sí habrá consecuencias hacia el futuro sobre la fortaleza de su autoridad y sobre su legitimidad misma.
Tan importante como los resultados será la reacción, tanto del gobierno como de la oposición. Si Maduro reconoce un nuevo escenario de poder compartido, y si las fuerzas antichavistas manejan el eventual triunfo con cabeza fría y no con la intención de traducir una eventual votación a su favor –si se cumplen las expectativas creadas por las encuestas– en un argumento para sacar a Maduro por vías extralegales. La magnitud de la ventaja que obtenga el ganador también será crucial. Un triunfo amplio de Maduro le abriría las puertas a una radicalización de la revolución. Una victoria significativa de la oposición le permitiría a la Mesa de Unidad antichavista soñar con un referendo revocatorio quizás en 2016 (la Constitución permite convocarlo a partir de la mitad del periodo de seis años, que se cumple el próximo mes de abril, para propiciar un cambio de gobierno). En caso de que la oposición alcance una mayoría en la Asamblea no será lo mismo que esta sea por un margen estrecho, o que alcance las dos terceras partes, pues hay decisiones que requieren mayorías calificadas. Finalmente, la alternativa de una ventaja ajustada, en cualquiera de las dos direcciones, alimentaría la ya de por sí peligrosa polarización.
Los alcances de la elección no limitarán a las fronteras nacionales de Venezuela. Desde Washington hasta Argentina, el continente seguirá con lupa los acontecimientos del domingo. Después de la victoria de Mauricio Macri en Argentina, un descalabro del chavismo empezaría a interpretarse como un ‘efecto dominó’ en contra del Alba y como un movimiento pendular en dirección contraria a la de la izquierda populista. Ya Macri se refirió a Venezuela y se mostró partidario de aplicarle normas de Mercosur que justificarían su expulsión de ese organismo (ver artículo en la sección Mundo).
Hasta ahora, el proyecto chavista se ha mantenido sólido, a pesar de los embates de la oposición, de la muerte de Hugo Chávez y de la crisis económica, porque ha podido ganar con solvencia casi todas las elecciones que ha convocado. Por eso, una derrota el domingo inevitablemente fortalecería la idea de que, en manos de Maduro, la revolución bolivariana no tiene asegurado su futuro. Eso, ni más ni menos, es lo que está en juego el domingo 6 de diciembre en Venezuela.